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EL GOBIERNO APRUEBA EL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021

Incluye ayudas para el acceso y promoción del alquiler y la rehabilitación

Fomento del alquiler

 

Facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler es una de las líneas estratégicas del Plan, que incluye ayudas del 40% de la renta -el 50% en el caso de los menores de 35 años y los mayores de 65-, hasta un máximo de 900 euros mensuales. El límite anterior (600€) se ha incrementado ante la petición de algunas comunidades por el aumento del precio del alquiler en determinadas ciudades. Para acceder a la ayuda, los ingresos máximos de la unidad familiar deberán estar por debajo de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en estos momentos se sitúa en 537,84 euros al mes. El umbral es más alto para las familias numerosas y para las personas con discapacidad.

El Plan también busca fomentar la promoción de viviendas en alquiler. De hecho, por primera vez se subvencionarán promociones de titularidad privada que, para acogerse a estas ayudas, deberán cumplir con una serie de requisitos, entre los que destacan que las viviendas deberán estar registradas en el Registro de la Propiedad con destinación al alquiler durante un mínimo de 25 años, y disponer de una calificación energética mínima B.

También podrán obtener financiación con cargo a las ayudas de este programa, las viviendas o promociones con obras en curso paralizadas y que se retomen hasta su completa finalización, siempre que se cedan en uso o se destinen al arrendamiento durante un plazo de 25 años. La cuantía de las ayudas podrá ser de hasta 350 euros el m2 útil por vivienda con un límite del 50% de la inversión y de 36.750€ por vivienda; o bien de hasta 300 euros el m2 útil por vivienda con un límite del 40% de la inversión y de 31.500€ por vivienda.

Este programa impone limitaciones en el precio de la renta o de la cesión de uso: una primera opción que indica que el alquiler no podrá superar los 5,50 €/m2 útil al mes por vivienda, y un 60% de esta cuantía por m2 útil de plaza de garaje o de cualquier otra superficie adicional anexa a la vivienda (excepto zonas comunes). La segunda opción contempla que la renta de alquiler no podrá superar los 7,00 €/m2 útil/mes por vivienda, y un 60% de dicha cuantía por m2 útil de plaza de garaje o de cualquier otra superficie adicional anexa a la vivienda, excepto zonas comunes. Estos precios límite deberán figurar en la resolución de concesión de la ayuda, y podrán ser actualizados mediante Orden Ministerial del Ministerio de Fomento.

El arrendador podrá percibir, además de la renta inicial o revisada que le corresponda, el coste real de los servicios que disfrute el inquilino y se satisfagan por el arrendatario, así como otras repercusiones autorizadas por la legislación aplicable. Los arrendatarios que quieran optar a estas viviendas tienen fijados unos límites de ingresos que, según las opciones, no podrán superar en tres veces el IPREM, o bien en 4,5 veces. 

Desahucios y rehabilitación

 

Otro eje del Plan lo constituye la atención de quienes están atravesando un proceso de desahucio de su vivienda habitual. El Gobierno ha querido defender la conveniencia de contar con este programa específico, a pesar de que los desahucios se redujeron en 2017 a los niveles más bajos de los últimos diez años. El Plan pondrá a disposición de estas personas viviendas de las entidades financieras de particulares o de parques públicos por una renta máxima de 400 euros al mes y un plazo de tres años. El importe de la ayuda puede ser de hasta el 100% del precio del alquiler.

Cabe destacar las mejoras que el nuevo Plan presenta por lo que respecta al anterior en materia de rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana y rural. Así, por primera vez, las ayudas para la rehabilitación de edificios se podrán conceder a viviendas unifamiliares, y también de forma individualizada a una vivienda que forme parte de un edificio. Además, se destinará de manera preferente a viviendas construidas antes de 1996 -en el último plan era 1981-, lo que incrementa en un tercio el número de posibles beneficiarios. Las ayudas se incrementan con carácter general del 35% a 40% de la inversión, porcentaje que se eleva hasta el 75% en el caso de personas con discapacidad, y de los mayores de 65 años.

En las actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana, se amplía el plazo para finalizarlas de los tres años actuales a cinco años, respondiendo a una demanda realizada por parte de varios ayuntamientos.

 

Ayudas para el medio rural y las personas mayores

 

Otra novedad del Plan es la relacionada con la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, con dos apartados fundamentales: la rehabilitación -por primera vez se dan ayudas a este efecto para viviendas unifamiliares en el medio rural- y la adquisición. Este es el único caso en el que el Plan recoge ayudas directas para la compra, que irán dirigidas a jóvenes que tengan su vivienda habitual en municipios de menos de 5.000 habitantes, e ingresos inferiores a tres veces el IPREM. El precio máximo de la vivienda será de 100.000 euros, con un límite de ayuda del 20%.

El Plan también incluye una línea específica para las personas mayores o con discapacidad, con ayudas para el promotor de los inmuebles en los que se establezcan instalaciones y servicios comunes adaptados que deberán destinarse a alquiler durante, al menos cuarenta años.

Las ayudas contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 se podrán conceder con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, garantizando de este modo la solución de continuidad entre planes. Cabe recordar que el anterior Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración i Renovación Urbana 2013-2016 fue prorrogado por el Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, durante el ejercicio 2017.

El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 ha sido elaborado con la participación de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las asociaciones, agentes y profesionales del sector, y será gestionado por las propias CCAA, por lo que se firmarán convenios de colaboración con cada administración autonómica para su ejecución.