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Pide al Estado aumentar el presupuesto de vivienda a mínimo el 0,6 del PIB

Foment reclama a las administraciones mayor presupuesto para vivienda

Copyright foto: Lluís Pecoustán

Fomento del Trabajo presentó el pasado 20 noviembre el informe titulado “La vivienda: su importancia económica y social”, en el que se denuncia que las modificaciones normativas y nuevas regulaciones impulsadas desde diferentes administraciones públicas como el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña sobre el sector del inmobiliario y la construcción de viviendas amenazan la actividad del sector hasta llegar “a la parálisis”, con el riesgo de provocar una contracción de la oferta y el incremento de los precios. El documento fue presentado en rueda de prensa por el presidente de la patronal, Josep Sánchez LLibre, acompañado por el secretario general adjunto del Fomento, Salvador Guillermo, y el presidente de l’Associació de Promotors de Catalunya, Lluís Marsà.

Josep Sánchez Llibre lamentó la errática profusión legislativa de los últimos ocho meses, “que puede provocar el efecto contrario del objetivo perseguido, ya que afecta seriamente la seguridad jurídica y la confianza necesaria para los inversores, además de penalizar a las empresas que tienen capacidad para poner promociones de viviendas en alquiler en el mercado”.

La modificación del Plan General Metropolitano para la obtención de vivienda de protección pública en Barcelona, en vigor desde diciembre del año pasado, así como los Decretos ley aprobados por la Generalitat en materia de vivienda -y que han sido derogados recientemente durante su tramitación al Parlament de Catalunya- son los principales cambios normativos que el informe señala como elementos con un impacto negativo sobre el sector inmobiliario. En su informe, Fomento del Trabajo considera que los cambios legislativos provocarán un efecto contrario al pretendido, ya que por un lado causaría una parálisis en la actividad del sector, y por otra, añadirán aún más presión sobre los precios en generar un desequilibrio entre la oferta y la demanda, penalizando a las empresas que actualmente tienen capacidad para aumentar la oferta de viviendas en alquiler.

Según el informe, el parque de vivienda nueva asequible en Cataluña es prácticamente inexistente. Como ejemplo indica que, en el cierre de 2018 según datos del Ministerio de Fomento, se construyeron un total de 633 viviendas protegidas, de los cuales el 90,5% fueron construidos por parte de la promoción privada, es decir, 573 viviendas sociales de promoción privada y 60 de promoción pública. Unas cifras que evidencian la necesidad de una firme apuesta por la vivienda protegida por parte de las administraciones.

Propuestas

El informe defiende que las administraciones públicas doten de más presupuesto las políticas de vivienda, recuperar la seguridad jurídica e incrementar la oferta, promoviendo la construcción de tres tipologías de vivienda de alquiler: libre, asequible, y social. Para alcanzar este objetivo es necesario fomentar la participación público-privada para la construcción de viviendas sociales, así como también que el Gobierno aumente la dotación económica destinada a vivienda del 0, 1 del PIB actual a, como mínimo, el 0,6 registrado antes de la crisis.

En su informe, la patronal considera que fijar los precios por ley no es la solución, así como tampoco aplicar normativas que trasladan al sector privado las obligaciones de las Administraciones en materia de políticas públicas de vivienda. “Si no se actúa rápidamente -y se restablece la seguridad jurídica- se podrían retrasar o congelar las decisiones de inversión, o bien que las promociones inicialmente destinadas al alquiler pudieran terminar destinándose a la venta”, reza el informe. Fomento del Trabajo, al igual que la APCE, apuesta por un gran Pacto por la Vivienda y el Urbanismo en Cataluña que dé una respuesta real, eficiente y consensuada al problema de la vivienda. Un pacto que englobe a todas las administraciones, a todas las formaciones políticas, y también al sector privado, con un objetivo claro: crear un parque de vivienda estructurado, suficiente, y gestionado de manera eficiente, que cubra las necesidades de la sociedad catalana.

Ámbito municipal de Barcelona

A nivel municipal, el informe de Fomento del Trabajo indica que se debe incentivar la generación de nuevas viviendas y, en el caso de Barcelona, contemplar sin limitaciones también en el área metropolitana de la ciudad como el ámbito natural. Los inicios de obra en la ciudad de Barcelona están bajando de manera preocupante como consecuencia del retraso en el otorgamiento de las licencias y las modificaciones legislativas.

Las propuestas del sector empresarial para encontrar soluciones a la problemática del acceso a la vivienda en Barcelona pasan por:

  1. Una legislación urbanística con voluntad de futuro, estable y de consenso, sin suspensiones de licencias imprevistas, que inciden negativamente en el sector y el mercado.
  2. Un ajuste en los usos, teniendo en cuenta las necesidades reales de terciario y residencial, permitiendo siempre que sea posible los dobles usos, a fin de garantizar la eficacia y la adaptación automática a la demanda. Asimismo, hay que resolver la actual situación de muchos bajos desocupados, con uso comercial, que seguramente requeriría incorporar a los mismos el “doble uso”.
  3. Una apuesta por la conversión de usos de los suelos industriales de la ciudad en suelos residenciales, con una correcta ponderación de las cargas que requieren las indemnizaciones a favor de las actividades existentes, así como las posibles contingencias derivadas del tratamiento de las tierras de excavación.
  4. Hay que modificar los parámetros de limitación de viviendas por habitantes. Tampoco se ajustan a las actuales exigencias técnicas que tienden a la eficiencia energética: la regulación de alturas entre plantas que habría que ampliar ni los parámetros de superficie construida que debería evolucionar hacia superficie útil habitable.
  5. La puesta en marcha -el antes posible- de una Comisión Técnica de Rehabilitación que intervenga en la tramitación y elaboración de los informes urbanísticos previos en los casos de gran rehabilitación y rehabilitaciones con cambio de uso.
  6. Preocupa la proliferación de las ocupaciones sin título legal. Esta circunstancia se da en operaciones en proyectos de rehabilitación en curso, en edificios pendientes de derribo y en ocupaciones de edificios de obra nueva, en el período comprendido entre la finalización de las obras y la tramitación documental para la entrega a los compradores.

El informe “La vivienda: su importancia económica y social” también ofrece una radiografía macroeconómica del sector, destacando que, en un contexto de crecimiento sostenido de la economía catalana, la construcción ha sido la actividad que más contribuyó a este impulso económico en 2018, con una variación interanual del 4,7%. Así pues, su peso en el PIB catalán se sitúa en un 4,8%, aunque lejos de los porcentajes registrados en períodos anteriores a la crisis.

Por lo que respecta a las perspectivas de futuro, el documento de la patronal indica que del informe elaborado por el Centro de Estudios Demográficos (CED) para el Plan Territorial Sectorial de la Vivienda se desprende que en el periodo comprendido entre 2015 a 2030, se formarán 884.800 nuevos hogares en Cataluña. De éstas, se restarían las que previsiblemente desaparecerán (526.600) con lo que resultarían necesarias unos 358.200 nuevos hogares en el transcurso de los 15 años (aproximadamente 25.000 unidades al año); cifras lejanas a la producción actual.